¿Cuáles son las novedades de la IV Directiva de PBC/FT?

Con fecha 20 de mayo de 2015, el Parlamento Europeo aprobó la IV Directiva Europea (en adelante, “la Directiva”) relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, modificándose por tanto el Reglamento (UE) N° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE.

El creciente flujo de dinero ilícito acompañado del incremento y sofisticación de las técnicas utilizadas por las redes de blanqueo de capitales a nivel internacional, conlleva necesariamente a un esfuerzo legislativo por parte de los poderes públicos para minimizar su impacto en la economía mundial.

La Directiva representa ese esfuerzo, unificando e integrando en un único texto un marco normativo comunitario que galopa a caballo en su lucha contra los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

A continuación se muestran los artículos más innovadores respecto a la III Directiva:

El artículo sexto avanza la elaboración de un informe de evaluación de riesgos a escala comunitaria.

En este informe se reflejará como mínimo lo siguiente:
a) Los ámbitos del mercado interior que estén expuestos a un mayor riesgo.
b) Los riesgos asociados a cada uno de los sectores pertinentes.
c) Los medios habitualmente utilizados por los delincuentes.

Este informe y sus recomendaciones servirán como guía para ayudar a los Estados miembros y a las entidades obligadas a detectar, comprender y atenuar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La Comisión Europea (en adelante, “la Comisión”) tendrá hasta el próximo 26 de junio de 2017 para presentar el informe.

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 Siguiendo en la misma línea, no sólo existirá una evaluación de riesgos a escala comunitaria, sino que todos los Estados miembros estarán obligados a elaborar un informe de evaluación de riesgos a escala nacional, basándose en las recomendaciones y parámetros establecidos en el informe comunitario (ver comentario anterior), entre otros.

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En este artículo podemos encontrar una medida innovadora para la gestión del riesgo jurisdiccional. La Comisión determinará qué terceros países plantean amenazas importantes para el sistema financiero comunitario, a partir de una evaluación previa de sus deficiencias estratégicas y normativas en relación con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Partiendo de la interpretación de este precepto, podríamos estar hablando de una especie de “Lista GAFI” comunitaria, de obligatorio conocimiento y aplicación para los sujetos obligados.

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A finales de junio de 2017 (concretamente, 26 de junio de 2017) contaremos con una serie de Directrices emitidas por las Agencias Estatales de Supervisión (en adelante, “AES”) de los Estados miembros sobre los factores de riesgo y las medidas que deberán adoptarse en los casos tanto de debida diligencia simplificada como reforzada.

Este punto resulta de especial importancia debido a la necesidad de avance en la implementación de la metodología “enfoque basado en riesgos” (RBA – Risk Based Approach), teniendo en cuenta que la mayoría de las legislaciones de los Estados miembros no han desarrollado lo suficiente las medidas simplificadas y reforzadas de debida diligencia.

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Los Estados miembros se asegurarán de que la información relativa a la titularidad real se conserve en un registro central en cada Estado miembro, por ejemplo, un registro mercantil o un registro de sociedades.

Esta previsión implicará cambios en las legislaciones nacionales (notarial, registral, mercantil, entre otras) con el fin de garantizar que los registros sean exactos y estén actualizados. Adicionalmente, reducirá los tiempos de identificación y verificación del titular real, simplificando el proceso de debida diligencia.

Está previsto que los registros de cada Estado miembros unifiquen la información en un registro central a nivel comunitario, la plataforma central europea. En este sentido, el 26 de junio de 2019, la Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe que evalúe y garantice la interconexión segura y eficiente de los registros centrales con la plataforma central europea.

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Resulta de especial trascendencia teórico/práctica lo dispuesto en este apartado en relación con la protección de las personas/empleados y representantes de las entidades obligadas que “denuncian” una operación sospechosa ya sea por vía interna o ante la UIF.

La Directiva impone el deber a los Estados miembros de brindar a estos sujetos de una protección legal contra toda amenaza o acción hostil, y en particular de toda medida laboral adversa o discriminatoria.

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En relación con el enfoque basado en riesgos, el presente artículo determina que los Estados miembros dispondrán de una serie de estadísticas sobre cuestiones pertinentes para la eficacia de tales sistemas.

A continuación un listado del contenido mínimo de dichas estadísticas:
a) Datos relativos a los diferentes sectores económicos.
b) Datos relativos a la eficacia de las instituciones de inteligencia financiera de cada uno de los Estados miembros, el número de reportes de operaciones sospechosas reportadas e investigadas, así como el número de sujetos procesados y condenados por delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
c) Porcentaje de comunicaciones que conlleven a una nueva investigación.
d) Número de solicitudes transfronterizas que la UIF haya realizado, recibido, denegado y contestado total o parcialmente.

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En relación a los grupos de empresas, el artículo 45, establece la necesidad de implementar políticas, medidas y procedimientos dentro del grupo, aplicables a las sucursales y filiales en las que tengan participación mayoritaria.

En la práctica, se están presentando barreras legislativas que dificultan la aplicación efectiva del Sistema de PBC/FT a nivel de grupo, debido a que el Derecho del tercer país no permite la aplicación de estas políticas y procedimientos. Por este motivo, las AES elaborarán proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen el tipo de medidas adicionales que deben implementarse en estos casos. Estos proyectos de normas técnicas serán presentados por las AES a más tardar el 26 de diciembre de 2016.

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Para los establecimientos de cambio, las entidades de cobro de cheques y los proveedores de servicios a sociedades o fideicomisos se exigirá que las autoridades competentes se cercioren de la honorabilidad y profesionalidad de las personas que desempeñen tareas de gestión en las entidades u ostenten la titularidad real de las mismas.

Esta previsión implicará que las autoridades exijan esta información en el expediente de solicitud de la licencia y que los regulados deban enviar la información actualizada periódicamente y cuando se produzca cualquier cambio.

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Este artículo establece que las AES emitirán Directrices dirigidas a las autoridades competentes sobre las características de un enfoque basado en el riesgo aplicado a la supervisión y sobre los factores que deberán tomarse en consideración al respecto. Estas Directrices, que se deberán emitir, a más tardar, el 26 de junio de 2017, ayudarán a las autoridades de supervisión a adoptar y/o profundizar en la supervisión basada en riesgos.

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En relación con las sanciones, la Directiva establece un marco común para las sanciones y medidas administrativas, introduciendo la posibilidad de que las entidades financieras, puedan ser sancionadas con multas administrativas muy superiores a las previstas para el resto de sujetos obligados. En el apartado 2e) se establecen multas administrativas de al menos el doble del importe de los beneficios derivados de la infracción cuando dichos beneficios puedan determinarse, o de al menos 1 millón de EUR y, para entidades financieras, las multas máximas podrán ser de hasta 5 millones EUR o hasta el 10% del volumen de negocios anual total.

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En este artículo encontramos otra pincelada de las nuevas medidas introducidas respecto a la Directiva anterior: hablamos ahora de la publicidad de las sanciones.

Los Estados miembros velarán porque toda decisión firme que imponga una sanción o medida administrativa por incumplimiento de las disposiciones nacionales sea publicada por las autoridades competentes en sus sedes electrónicas oficiales después de informada la persona sancionada de dicha decisión.

Las autoridades competentes garantizarán que la publicación se mantenga por un periodo de cinco años en el sitio WEB oficial.

La obligatoriedad de la publicidad de las sanciones representará un cambio en España debido a que, en la mayor parte de los casos, no se impone la sanción de “amonestación pública” y, por tanto, no se conocen los incumplimientos de los sujetos obligados.

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Por último, en el artículo 61 encontramos una previsión que sigue la tendencia de “whistleblowing”, en el sentido de que exige a las autoridades competentes que establezcan mecanismos eficaces y fiables para alentar a que se informe de la infracción potencial o real de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva.

Estos mecanismos incluyen los procedimientos específicos para la recepción de informes sobre infracciones y su seguimiento, así como la protección adecuada de los empleados o personas que informen sobre infracciones cometidas en el seno de dicha entidad, garantizando la confidencialidad de la persona que informa de las mismas (denuncia anónima).

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